2. CULTURA Y PATRIMONIO

2. CULTURA Y PATRIMONIO

150 150 Doris

CULTURA Y PATRIMONIO

LOS TEMAS OLVIDADOS

Conceptos y objetivos

El Ecuador es un país megadiverso. Pueblos y etnias, lenguas y culturas, biodiversidad, paisajes, ríos y lagunas, bosques y desiertos, la naturaleza y como parte de ella los productos humanos, tienen una incidencia específica y un espacio en el balance de nuestro territorio, y en conjunto conforman el patrimonio cultural y natural de la nación.

Este, el del patrimonio común, ha sido un campo históricamente relegado, su atención ha sido marginal y aún en el 2007, pese a los esfuerzo iniciados por el gobierno, persistían importantes necesidades relativas a atender los principales problemas que inciden sobre la integridad de los bienes y por ende de su posibilidad de uso social: la expoliación permanente, la falta de seguridad y mantenimiento, la ausencia de información, las deficiencias en la conservación y, en general, el abandono.

En noviembre de ese mismo año el Presidente de la República me confió la misión de dirigir el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, bajo el convencimiento de que las personas y los pueblos necesitan conocer y valorar su identidad y raíces, como vía para proyectarse con seguridad hacia el futuro. Se había establecido hasta la fecha una institucionalidad que debía aún ser articulada y que requería de metas claras, por lo que definimos, con el equipo que me acompañó, iniciar con sentar las bases conceptuales para de ahí construir nuevas propuestas. Se fue trabajado un concepto de patrimonio y a partir de él desarrollamos un modelo de gestión adecuado a las condiciones del momento y a las urgencias.

Para comenzar, tomamos en cuenta que el patrimonio implica una valoración específica de cualquier bien, algo que por su representación simbólica dentro de un colectivo adquiere una importancia cultural, una significación. Se requirió establecer una mirada sobre el uso y la gestión de los bienes culturales y naturales que fuera más allá de las tradicionales manifestaciones artísticas, monumentales o históricas, y se extendiera hacia reconocer la diversidad y la heterogeneidad, la representatividad y la identidad de los pueblos y de las regiones.

El concepto de Patrimonio Cultural se construyó tomando en consideración tres aspectos: el legado, la pertenencia y la memoria, todas ellas condiciones construidas a través de las generaciones, a lo largo del tiempo, por la acumulación de huellas materiales e inmateriales cargadas de simbolismos, disponibles para todos. Representan la raíz, quiénes somos, de dónde venimos, la herencia común, nuestro entorno, los pensamientos, creencias y razones, que han superado la temporalidad y el espacio y que se proyectan con un rostro común frente al resto del mundo. Para ese entonces entre las visiones más comunes sobre la gestión patrimonial aún imperaba la de contemplación, la “musealización”, la puesta tras vitrinas de los elementos y, al mismo tiempo, su única explotación como un recurso utilitario o de mercado.

Por su parte, para el otro concepto, el de Patrimonio Natural, referido a los elementos, espacios, complejos y procesos que mantienen y enriquecen la vida, a la diversidad biológica, existía un trabajo más avanzado y pensamientos de mayor evolución. No obstante, fue preciso entender que este también había sido manejado por mucho tiempo bajo visiones proteccionista, es decir, bajo la sola premisa de perpetuar los espacios y sus elementos, marginándolos de la sociedad, o bien, igual que en el caso de lo cultural, bajo la óptica utilitaria, economicista, es decir, a la naturaleza reducida a un simple objeto funcional para el desarrollo del ser humano.

El patrimonio natural, al contrario del cultural, no es un legado de la generación humana anterior, sino que tiene la particularidad de no pertenecer nadie y a la vez ser de todos, humanos y no humanos, y de ser vivido, más que entregado, como parte de un proceso que se remonta a millones de años, del que somos parte y producto. En otras palabras, la herencia natural es ajena a nosotros, no nos pertenece, sino que es parte de nuestra esencia, dependemos de forma inevitable de ella para sobrevivir y para que otros seres también sobrevivan.

Enfrentamos como país el reto de incorporar los patrimonios al buen vivir, de lograr el objetivo de elevar las condiciones de la existencia individual y la convivencia colectiva, a través de incluir los bienes en la cotidianidad, cambiando los paradigmas hacia una mirada de la cultura y la naturaleza como elementos integrales. La naturaleza, adicionalmente, debía ser concebida en el imaginario como sujeto de derechos propios, que demandaban ser reconocidos por las generaciones presentes y futuras. El Estado debía asumir, en todos sus estamentos, la idea de que no estamos aislados del entorno en que habitamos, que somos constituyentes de los sistemas de soporte de la vida, de los que dependemos y con los que debemos re-aprender a relacionarnos.

Los componentes culturales y naturales se interrelacionan, la línea entre uno y otro es sutil pues la cultura es capaz de alterar el paisaje (la arquitectura, las expresiones culturales vinculadas a sitios específicos, el concepto de espacios sagrados, etc.), pero también la naturaleza ha moldeado las acciones humanas desde siempre y lo seguirá haciendo de manera indefinida. Entonces, la complejidad de valores para la gestión patrimonial demandó el conocimiento y entendimiento de los bienes y de los usuarios, además de la valoración y un trato que enriqueciera la diversidad. Hubo que entenderla como el encuentro de múltiples actores y no como algo pasivo, fue necesario tomar una mirada desde la gestión planificada, con metas y programas de mediano y largo aliento, que obligasen a las viejas estructuras institucionales a actualizarse, y cuya política no limitase su aplicación a la restricción de recursos, sino que estos fueran demandados sobre la base de las necesidades justificadas de incorporar acciones de investigación, asesoramiento y control eficaces.

Nos planteamos la construcción de la primera Agenda de Patrimonio, para guiar las acciones que se requirieran de forma coherente, y así consolidar una política sólida e integral. Y de este proceso surgió el “Decreto de emergencia del patrimonio cultural y natural”, diseñado para inventariar todo lo existente y, a partir de eso, tomar decisiones y realizar las acciones pertinentes que aseguren la protección de los bienes patrimoniales, integrándolos al desarrollo social y económico.

Coordinación y Consejo

La tarea de tratar de forma integrada e integral a los patrimonios, como un eje estratégico del desarrollo sustentable que promueve el Ecuador, requirió de la creación del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, uno de siete que se cargarían de impulsar las áreas de política pública y gestión estatal. Esta fue, sin duda, parte de la visión innovadora, humanista y revolucionaria impulsada por el Gobierno, por el Presidente, que daría sus frutos en poco tiempo.

El Consejo Sectorial de Política del Patrimonio Natural y Cultural, por su parte, fue creado por Decreto Ejecutivo (918). El Ministerio Coordinador, que lo presidió, tuvo la misión de articular y aprobar la política ministerial e interministerial, y sus decisiones tuvieron el carácter de vinculantes.  Se desarrolló una visión y se propuso, a través de la Agenda de Política Pública, manejar el patrimonio como sustento de las identidades sociales y de la actividad económica, ligándolo a la vida y al buen vivir. Recuperar el sentido de lo público permitiría, como de hecho lo hizo, consolidar la noción de que es obligación del Estado garantizar el mantenimiento y acrecentamiento de dicho patrimonio, a través de impulsar el desarrollo endógeno y potenciar las capacidades locales.   Con este propósito se reconoció bajo la categoría de Patrimonio Estratégico del Estado, tanto a los recursos hídricos y la biodiversidad, como a la diversidad y los bienes culturales, todos ellos importantes para el equilibrio entre conservación y desarrollo, entre mantenimiento y uso.

La política pública fue dirigida a reconocer la intersectorialidad, a retomar y consolidar la rectoría Estatal, a establecer roles y responsabilidades para los actores públicos y privados, y a fortalecer la institucionalidad, a fin de garantizar la permanencia del bien común.  El Ministerio Coordinador convocó a las instituciones responsables de los diversos campos que tienen relación con el tema patrimonial, para generar políticas en el marco del Consejo Sectorial, a fin de armonizar el proceso de planificación y dinamizar proyectos emblemáticos dirigidos a mostrar la nueva visión de manejo.

El Consejo Sectorial de la Política Patrimonial, sobre esa base, articuló por primera vez al conjunto de Ministerios e Instituciones que tienen a su cargo la gestión patrimonial, reestructuró, fortaleció y adecuó la institucionalidad en vista a estos grandes retos, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Los Ministerios de Cultura, de Ambiente, de Deportes y el Instituto Nacional de Patrimonio (INPC), fueron las encargadas no solo de generar las líneas de decisión y legislación específicas, sino de desarrollar acciones y de controlar el cumplimiento de las regulaciones en su respectivo campo.

Cultura lideró los derechos culturales y se empeñó en superar la dispersión institucional y democratizar el acceso a incentivos, recursos y apoyo para todas las personas y colectivos que crean, fomentan y viven las culturas del Ecuador. (  Declaratoria como bien perteneciente al patrimonio cultural inmaterial del estado al pensamiento y obra al Monseñor Leonidas Proaño. Declaratoria al pensamiento y obra del Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, como patrimonio de la patria).

El Ministerio del Ambiente se enfocó en hacer del Ecuador un territorio ambientalmente sano y sustentable, que conserve y maneje su biodiversidad, y se reconozca al agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos. Priorizó fortalecer el control forestal y el monitoreo de la extracción de madera, consolidar el Sistema Nacional de Áreas, mantener y conservar la biodiversidad de la Reserva de Biósfera Yasuní, e implantar programas como “Socio Bosque”, para la entrega de incentivos a los propietarios de bosques para su conservación.

El Ministerio del Deporte promovió un conjunto de programas para masificar el deporte, la educación física y la recreación, como parte del desarrollo integral del ser humano, bajo el concepto del buen vivir. Puso énfasis en el apoyo a los deportistas y la ampliación del acceso de la población a esta actividad, y promocionó iniciativas para llevar el deporte a las personas con capacidades diferentes y a las comunidades indígenas, a través de la organización de los Juegos deportivos Ancestrales, entre otros.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con 30 años de trayectoria, dio un giro importante al reestructurarse y fortalecerse como entidad rectora del control, investigación, documentación, información y conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del país. La insuficiencia de recursos de antaño cambió para bien y en 2008 se ejecutó, por primera vez, una emergencia patrimonial que con USD 33,6 millones permitió dotar de un inventario completo (a cargo de la Unidad Técnica del Decreto de Emergencia), seguridades y restauración al menos 350 bienes de gran valor a lo largo del país. Su labor se complementó con la creación de la Subsecretaría de Patrimonio, dentro del Ministerio de Cultura, a la que se le encargó la gestión de museos, sitios arqueológicos, archivos históricos, bibliotecas y demás componentes de nuestra memoria.

Además de las anteriores y en otro campo, el Instituto de Ecodesarrollo de la Amazonía, Ecorae, encargado de organizar la inversión en esa región, dejó atrás la ineficiencia, el clientelismo y la discrecionalidad que lo caracterizaron, para convertirse en una entidad planificadora de las grandes líneas de sustentabilidad en la Amazonía, y articuladora de las acciones del Estado. Su reestructuración se inició con la desconcentración de sus oficinas hacia el Puyo y, en coordinación con los ministerios respectivos, abordó como temas centrales la inequidad y la exclusión, empezando por atender los derechos básicos de acceso a la salud, educación y vivienda de calidad.

En otra región, las Galápagos, el Instituto Nacional Galápagos, Ingala, bajo cuya responsabilidad está el Archipiélago, tuvo dos grandes retos durante el período de instauración del Consejo Sectorial: organizar la ejecución eficiente de las medidas de emergencia decretadas por el Presidente de la República para enfrentar las amenazas que llevaron a la calificación de riesgo al Patrimonio de los ecuatorianos y del mundo, y al mismo tiempo elevar el nivel de planificación de la provincia y todas sus entidades, para que los actores públicos, privados y comunitarios cuenten con una hoja de ruta que guíe la gestión sostenible, responsable y equitativa del territorio en varios ámbitos, incluido el de patrimonio natural

Asimismo, el Ministerio de Turismo, integrante del Consejo de Políticas de Producción, participó en el de Patrimonio en atención a que esta actividad sostenible, delineada en el Plan estratégico PLANDETUR, potencia las oportunidades que dependen de la diversidad natural y cultural, como productos a ser presentados y manejados para el turismo del siglo XXI. Las líneas de esta entidad abarcaron entre otras al turismo sostenible en áreas protegidas, incluidas las dos de relevancia mundial: Galápagos y el Parque Nacional Sangay; asimismo, las rutas del Cápac-ñan, el Ferrocarril Histórico, la Ruta Spondylus y la Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador. De otra parte, el programa de Turismo Comunitario, con un enfoque de desarrollo local, creó oportunidades de ingresos económicos y fomentó la conservación de los patrimonios de las comunidades indígenas y campesinas de las tres regiones del país.

La Subsecretaría de Diálogo Intercultural, del Ministerio de Educación, se sumó a las anteriores instituciones para coordinar las acciones que fomenten e impulsen la articulación e interculturalidad en los sistemas de educación hispano y bilingüe. Buscó continuar con la documentación y difusión de las diferentes lenguas ancestrales, parte importante del patrimonio, como base de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, a través de planes de capacitación, investigación y publicación de diccionarios y material educativo. (Declaratoria del Gobierno de la Revolución Ciudadana sobre la protección de las lenguas Indígenas).

El Programa de Salud Intercultural, del Ministerio de Salud, otro de los miembros del Consejo, coordinó e impulsó su propuesta de fortalecimiento de los sistemas ancestrales de salud de los pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos a través de la constitución de redes regionales de salud ancestral y el levantamiento de bases de datos, para potenciar su desarrollo, sobre todo de plantas medicinales, alimentarias y sitios sagrados. Este programa se consolidó al integrarse al modelo de salud nacional y establecerse un programa de capacitación y sensibilización dirigido a los prestatarios de los servicios de salud, con énfasis en el valor de las medicinas ancestrales, todo esto basado en el acervo patrimonial de las comunidades contenedoras de la sabiduría ancestral.

Otra de las entidades que aportó al esquema de manejo del patrimonio en el Consejo, fue la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, que tuvo carácter de participante permanente, para coordinar las acciones relativas a los Consejos de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. La participación ciudadana, el ejercicio de la democracia participativa, el reconocimiento de la diversidad cultural como una riqueza que debe plasmarse en las políticas del Estado, y el fortalecimiento de las organizaciones, fueron ejes que esta Entidad aportó al conjunto de programas del Consejo.

Finalmente, para superar la falta de políticas e institucionalidad adecuada en torno al agua, así como las acciones dispersas y contradictorias en este campo, se integró a la Secretaría del Agua, creada para reemplazar al ex Consejo Nacional de Recursos Hídrico y conducir y regir los procesos de gestión de este recurso, de manera

integrada y sustentable, en el marco de las cuencas hidrográficas. Sus atribuciones abarcaron las de rectoría nacional, establecimiento de las políticas y normas, la formulación del Plan Nacional de Gestión del Agua y la articulación de los programas y proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo, así como el establecimiento de políticas de recuperación del uso. El agua como recurso y patrimonio.

Las Agendas

El mismo Decreto que creó los ministerios coordinadores asignó a ellos la responsabilidad de proponer, articular y coordinar la política intersectorial, concertar las políticas y acciones que adopten las diferentes instituciones que integran sus áreas de trabajo, así como ejecutar programas específicos que por su naturaleza debían responder a políticas interministeriales y definir, junto con SENPLADES, las evaluaciones de impacto de los programas.

En este contexto, la Agenda Sectorial se convirtió en el instrumento que recogió y presentó el enfoque político y de lineamientos para el desarrollo y gestión del Patrimonio Natural y Cultural. En ella se reconoció la función del Patrimonio como sustento del desarrollo social y económico del país, y se trabajó en su potencial como elemento para fortalecer las identidades ciudadanas respecto de sus entornos, de forma incluyente, solidaria y equitativa. La Agenda fue estructurada a partir de una visión integral de la gestión, y su fundamento teórico se basó en los principios que rigen la responsabilidad del Estado en los ámbitos de la conservación y el manejo sostenible. Se definió los lineamientos políticos y de acción, así como las metas a cumplir de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. El trabajo coordinado dentro del Consejo Sectorial marcó una nueva forma de construir la política pública, superando la dispersión de esfuerzos y recursos, y la ausencia de planificación intersectorial y de articulación.

La emergencia

El Decreto de Emergencia del patrimonio cultural lo emitió el Presidente de la República el 21 de diciembre de 2007, a partir del robo de la custodia de Riobamba,( decreto) representante del arte de la Época Colonial, de oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas, de alrededor de 0,60 m de altura. En una decisión inédita, incluso en el ámbito internacional, el Gobierno asignó USD 33’666.550 para abordar un sector nunca antes considerado prioritario por no conllevar rédito político y ser estigmatizado más bien una carga.

Los bienes patrimoniales son únicos, no renovables, irremplazables y son fuente de información para la construcción del conocimiento. Su situación, como ya se mencionó, fue de destrucción y saqueo para los yacimientos arqueológicos, robos en iglesias y museos, pérdida de lo documental y bibliográfico, sustitución y alteraciones de la herencia arquitectónica, y desapropiación y deformación de los valores intangibles. Su afectación conllevó la fragmentación de la memoria colectiva y comprometió la preservación de nuestra herencia cultural.

El proyecto entró en vigencia el 8 de marzo de 2008 y su ejecución estuvo a cargo de la Unidad de Gestión de Emergencia, con la participación en algunas áreas de técnicas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura. Su acción fue supervisada por un Comité de Emergencia, conformado por los titulares del Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, del Ministerio de Cultura y del INPC. Las 24 provincias recibieron el beneficio de la emergencia, cuyos ejes incluyeron la seguridad a los bienes contra agentes antrópicos y naturales: colocación de juegos de seguridad electrónica en 300 contenedores de bienes -museos, iglesias, bibliotecas; obras de consolidación arquitectónica, acciones de rescate y preservación de más de 100 bienes inmuebles, arqueológicos, muebles, documentales e inmaterial, bajo intervenciones de rescate, consolidación y preservación; adicionalmente, la campaña nacional de fumigación en alrededor de 320 contenedores de bienes documentales y museos; la repatriación de bienes luego de procesos judiciales y trámites en el extranjero, que en el período transcurrido de marzo de 2008 a marzo de 2009 permitió recuperaciones desde Miami. También está la conformación de la policía patrimonial, a través de la suscripción de convenios para creación de esta y de siete Fiscalías Patrimoniales, que fueron instruidos por autoridades del Museo Británico, de la Interpol de Francia y de los Carabineros de Italia, entre otros.

El Sistema Nacional

Luego del inventario o Registro Nacional de Bienes Culturales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura se embarcaron en la tarea de construir planes de conservación, gestión y manejo, uso, difusión y uso social del patrimonio. El registro, con fichas digitalizadas, abarcó a la arqueología, lo documental inmueble, muebles, y bienes inmateriales. En sus más de 30 años de existencia, la falta de apoyo gubernamental significó que el número de fichas de registro de bienes con las que contaba el INPC fuera de apenas unas 17.000, cuando el universo hipotético se había estimado en 3’000.000, incluyendo los objetos arqueológicos. Para el período de mi gestión se estableció un universo de aproximadamente 300.000, con una meta a cumplir de 25%, es decir, alrededor de 75.000 fichas a levantar. Lo que finalmente se alcanzó fue un número ligeramente superior a las 80.000.

Los especialistas de la Unidad de Gestión, en cada uno de los campos de registro–inventario, fueron acompañados por técnicos del INPC quienes con asesoría internacional de Brasil, Cuba, España, México y Venezuela, diseñaron las fichas, delinearon la metodología a seguir, los alcances y las metas del registro–inventario en todo el país. En el inventario intervinieron cuatro universidades públicas: ESPOL, UASB (Universidad Andina Simón Bolívar), UTA (Universidad Técnica de Ambato), y la Universidad de Cuenca, y se realizó contratos con CNCine, Taller Visual y Conmúsica. Las tareas ejecutadas por el INPC-Austro fueron cruciales en el avance del inventario y marcaron el paso en categorías como la de patrimonio inmaterial. En esta etapa de la creación del Sistema Nacional de Gestión se llenaron fichas de registro con variables que permitieron diagnosticar el estado de los bienes en el país y se construyó el Sistema de Información Geográfica de los Bienes Culturales. Además, se homologó la información con un código que puede ser identificado con el INEC, el IGM y los municipios. El Sistema Nacional de Información de bienes culturales, ABACO, fue puesto al servicio de las Instituciones que requieren de esta información, básicamente los municipios y gobiernos locales y, mediante el internet, a todo el público. Es un sistema abierto cuya información puede ser modificada, actualizada y complementada.

Los planes de gestión que acompañaron el proceso incluyeron la conservación preventiva y la prevención de riesgos, planes piloto y de contingencia, y propuestas integrales, con la mira en producir estrategias de largo plazo que se incorporen a los planes de gestión como determina además la COOTAD y la Constitución de la República. En la continuidad de este trabajo, la sistematización de la información permitiría tener un pronóstico de la situación, es decir, una realidad objetiva sobre el patrimonio en riesgo que debe ser asumido por los gobiernos locales a través de sus áreas especializadas, sobre la base de lo que el Ministerio establezca como políticas de protección, rescate y difusión, combatir del tráfico ilícito y parar la destrucción del patrimonio.

Conocer

Las tareas de la emergencia requerían ser conocidas durante su ejecución, pero también y principalmente perdurar en el tiempo a través de ser asumidas por la población. Para esto, se requirió de un plan de comunicación que incluyó la producción de spots televisivos, la emisión de cuñas radiales y la producción de publicaciones, entre ellas varias de circulación con los diarios nacionales. Al final, la gran demanda de obras fue buena señal del interés de la ciudadanía.

Se buscó que las poblaciones en las cuales se intervino se sintieran tomadas en cuenta; de hecho, se logró que se vieran a sí mismas, se vuelvan a querer y en muchos casos se movilicen para que sus bienes sean tomados en cuenta en la intervención. La emergencia marcó un hito, un punto sin retorno para que las huellas del pasado, como el sitio de Putushío, en Loja, que contiene el taller metalúrgico más antiguo del continente, no desaparezcan a causa de acciones antrópicas, como la construcción de un canal de regadío, o que frente a errados conceptos de progreso y modernidad, las autoridades locales reemplacen los íconos citadinos con elementos de la cultura globalizada.

El objetivo de empoderar y concienciar a la población de los valores y potencialidades que guarda el patrimonio común aún debe ser consolidado. Es preciso ahondar en la difusión de los valores del legado, generar oportunidades de capacitación en antropología, arqueología, conservación y manejo, economía de la cultura, normativas, en fin, en toda la gama de especialistas que requiere el país.

Los emblemas

Uno de los retos del Ministerio Coordinador durante el período en que estuve a su cargo fue concretar programas y proyectos específicos. Tres fueron diseñados para constituirse en emblemáticos por la envergadura de su alcance, la capacidad de convocatoria, la articulación de los aspectos culturales y ecológicos, y por el impacto que tendrían. Estos fueron: el Ferrocarril de la Unidad Nacional, el Camino Principal Andino o Qhapac Ñan y la Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador.

Las iniciativas fueron definidas, incubadas y ejecutadas en sus primeras etapas por el Ministerio Coordinador, con la intención de luego ser transferidas a los ministerios y secretarías con competencia para asumirlas. Se buscó brindar una oportunidad a los patrimonios para su recuperación, puesta en valor y gestión, enlazándolos a la promoción del desarrollo local, la recreación de identidades sociales y la generación de oportunidades económicas sustentables y culturalmente viables.

El Ferrocarril de la Unidad Nacional

El 25 de junio de 1908 llegó el tren a la Estación de Chimbacalle, en Quito. La monumental construcción, iniciada por el ex presidente Gabriel García Moreno, se concretó exitosamente en el período del General Eloy Alfaro Delgado y no solo se constituyó en un decisivo elemento de integración de la Costa y la Sierra, sino que simbolizó el espacio para los encuentros culturales, económicos, sociales y políticos de las poblaciones que recibieron su paso. En torno del tren se articularon mercados, surgieron nuevas poblaciones, se crearon familias y se establecieron las bases para un Ecuador liberal, progresista y moderno. Once años duró hacerlo realidad, a manos de la empresa “Guayaquil & Quito Railway Company”.

Cien años después esta maravilla de la ingeniería y el talento humano había caído en el olvido. Se tomó entonces la decisión de recuperarla y ponerla nuevamente al servicio del país. La reconstrucción integral de la ruta fue concebida para devolverle el potencial convocante de la identidad nacional y renovar sus nexos con el desarrollo sustentable a través del turismo, la producción artesanal, la dinamización de las economías locales y la puesta en valor de antiguas estaciones e instalaciones.

Mediante Acuerdo Ministerial, el 1 de abril de 2008 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural lo declaró “Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonial y Simbólico”, ( incorporar Acuerdo)y pasó a formar parte de los bienes perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado. Su rehabilitación demandó la participación coordinada de los Ministerios  de Transporte y Obras Públicas, Turismo, Ambiente, Cultura, Inclusión Económica y Social, la Empresa de Ferrocarriles, varios gobiernos y comunidades locales, así como del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Banco Central del Ecuador, el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito, para el tramo que le compete, los demás Gobiernos Autónomos Descentralizados por los que pasa la vía, y la cooperación internacional.

El Proyecto inició con una línea base sobre la situación del bien hasta la fecha, que fue aprobada por el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural. Se institucionalizó un Comité Interministerial e Interinstitucional para fortalecer al Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador (EFE) y para gestionar problemas y retos de su rehabilitación integral. Se acordó una agenda que incluyó a la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a fin de rehabilitar las estaciones e instalaciones (tramo Quito – Latacunga), se generó un cambio estructural en la composición de la EFE, para dotarle de eficiencia técnica, administrativa y financiera, y se impulsó la ejecución de procesos de contratación para la rehabilitación.

Ciudades Patrimoniales

Las ciudades declaradas como Patrimonio Cultural Nacional requerían soporte para fortalecer le gestión de preservar sus bienes patrimoniales. El proyecto Ciudades Patrimoniales del Ecuador propuso articular el manejo de los bienes urbanos del patrimonio material a las poblaciones y los gobiernos municipales. Formaron parte de este grupo 22 ciudades: Alausí, Azogues, Baeza, Cajabamba-Sicalpa, Catacocha, Cuenca, Girón, Gualaceo, Guaranda, Ibarra, Latacunga, Loja, Montecristi, Nabón, Quito, Riobamba, Saraguro, Sangolquí, San Gabriel, San Migue de Bolívar, Sigsig y Zaruma. Se buscó incidir en la creación de políticas públicas nacionales y locales dirigidas a promover intervenciones participativas orientadas a la conservación, el mejoramiento y la revitalización de los espacios patrimoniales y sus áreas de influencia. También, a promover el desarrollo del turismo sustentable e impulsar industrias culturales para mejorar la calidad de vida de la población y evitar fenómenos como el de la segregación espacial.

La Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador promovió la participación de los sectores público, privado y comunitario, y dotó de asistencia técnica, capacitación y recursos financieros para la gestión patrimonial y la dinamización económica a las poblaciones que viven cotidianamente en relación con los bienes urbanos. Las acciones prioritarias incluyeron el ordenamiento del territorio y los espacios del patrimonio cultural, para prescribir los usos adecuados y generar condiciones de inversión para el apoyo al mantenimiento de los bienes. Se puso énfasis en que los Planes Estratégicos cantonales consideren la gestión de los espacios patrimoniales y del paisaje, de acuerdo con la vocación local. También, se trabajó en la aplicación de planes de dinamización turística, conforme a lo establecido en el PLANDETUR, y la gestión participativa del patrimonio entre las ciudades de la Red, a través del intercambio de experiencias y conocimientos.

Red Vial Prehispánica Qhapac Ñan

El Qhapac Ñan-Red Vial Prehispánica, conocido como Camino Real o Camino del Inca, es un sistema vial pre Inca que fue reutilizado, formalizado e integrado por esa cultura del siglo XVI y sirvió para la integración administrativa, política y cultural de la región andina. La arquitectura de la vía consistió en un sistema de caminos longitudinales (norte-sur) y transversales (este-oeste), edificaciones para almacenaje, puestos de control y centros administrativos preincaicos e incaicos asociados a centros poblados locales, en aproximadamente 23 mil kilómetros de extensión.

Esta mega estructura refleja un largo proceso tecnológico, logrado a partir de la aplicación de los conocimientos de todos los grupos étnicos pre existentes en los territorios de lo que hoy son Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Por sus tramos circularon, durante siglos, comerciantes, viajeros, portadores de sabiduría, hombres y mujeres equipados con la cosmovisión del mundo andino.

En Ecuador existe un gran conjunto de evidencias arqueológicas asociadas al Qhapac Ñan, la red se estima que tiene una longitud de 1.700 kilómetros, atraviesa 10 provincias, 63 municipios y 250 parroquias, y la población que vive en sus zonas de influencia inmediata sería de aproximadamente 680 mil habitantes. Actualmente existen evidencias del trazado y de obras conexas, que aún son utilizadas por pobladores en el Ecuador; por ejemplo, el tramo Achupallas-Culebrillas-Ingapirca que conectó las provincias de Chimborazo y Cañar.

Este proyecto emblemático fue concebido en un proceso de cooperación regional de los países involucrados con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura–UNESCO- y la Dirección del Centro de Patrimonio Mundial. Dichos organismos prepararon la candidatura única del Qhapac-Ñan para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial.

En 2008 se conformó un Comité Intersectorial para la ejecución y un Comité Científico para la orientación de las acciones del proyecto; además, se priorizó los tramos para la intervención inmediata y se diseñó la gestión de manera que incidiera en el desarrollo local de las comunidades que son parte del Camino (turismo, desarrollo agrícola, otros). Se promovió la participación en el diseño de incentivos para la conservación y gestión sustentable de los patrimonios naturales y culturales, y se realizó acciones de difusión y comunicación.

El Camino Principal Andino es un espacio de diversidad y constituye una oportunidad para el rescate y desarrollo de las identidades culturales; busca ser un modelo de desarrollo sustentable basado en los saberes ancestrales y las necesidades actuales de las comunidades locales.