Asambleísta Azuaya apoya la “Ley del Adulto Mayor”

Asambleísta Azuaya apoya la “Ley del Adulto Mayor”

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El pasado 19 de julio del presenta año, por unanimidad (115 votos a favor) la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en segundo debate el proyecto de “Ley de las Personas Adultas Mayores”, propuesta  que  promoverá, regulará y garantizará la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas, con un enfoque de género, generacional e intercultural.

A esta propuesta la legisladora Doris Solíz Carrión, además de reconocer el trabajo efectuado por la Comisión de Derechos Colectivos presidido por el asambleísta Jorge Corozo, destacó que entre otros temas, esta ley incorpora importantes instrumentos de planificación.

Así mismo recomendó que se incorpore el registro de datos e  integración de estos datos en la Ley de Agilidad de Trámites que también se tratará en la Asamblea  Nacional del Ecuador “No hay cosa más dolorosa que ver filas de los adultos mayores en condiciones precarias esperando horas de horas para la <tramitología absurda> que se les coloca en muchas entidades”. Recordó la asambleísta.

Soliz señaló que es importante agregar en el proyecto la responsabilidad de los GAD (s), para realizar programas preferenciales de vivienda social para adultos-as mayores. “no es sólo responsabilidad del estado central, por el contrario quienes manejan el suelo son los Municipios y pueden perfectamente hacer programas de vivienda social para grupos de atención prioritaria” recalcó.

Señaló la legisladora que en este proyecto se debe agregar para que los Centros de atención sean responsabilidad de los GAD de acuerdo a la Constitución art.264, en acuerdo con el gobierno central para la atención de salud y servicios del MIES como ente rector.

Así como garantizar la seguridad social con el aporte del estado una pensión no contributiva como piso mínimo de protección social a aquellos adultos/as mayores en condición de pobreza y extrema pobreza que permita su sobrevivencia mínima.