Se analiza el tema de la crisis penitenciaria al interior del Grupo Parlamentario de DDHH

Se analiza el tema de la crisis penitenciaria al interior del Grupo Parlamentario de DDHH

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El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, que coordina la asambleísta Doris Solíz, analizó alternativas que contribuyan a la solución de la crisis penitenciaria que afronta el país, la cual no ha podido ser controlada pese a la declaratoria de estado de emergencia por parte del Gobierno Nacional.

Doris Solíz, Asambleísta por el Azuay, recordó que para el tratamiento de la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario se ha convocado a la Defensoría del Pueblo y a la Asambleísta Marcela Holguín quienes dieron un contexto amplio de cuál es la situación de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del Ecuador. “Es evidente que el sistema penitenciario se ha debilitado, primero eliminando el Ministerio de Justicia que era la entidad que contaba con los protocolos, el personal y toda la estructura para el manejo de este sistema. Luego se han despedido a varios guías penitenciarios, se ha eliminado la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios y se ha rebajado el presupuesto para los CRS, todo esto sumado a la falta de control de las autoridades provoca hoy una grave crisis penitenciaria y afecta sus derechos humanos”, mencionó Solíz.

El contexto general de la situación de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador (CRS) presentó la Asambleísta por la Bancada de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín quien destacó que desde enero del 2019 se han presentado “al menos una treintena de personas que han fallecido en varios CRS”.

Según Holguín, entre los problemas que se identificaron están: la falta de agentes penitenciarios y de una adecuada dotación de armas y equipos de trabajo. El sistema de rehabilitación tiene casi un 64% de déficit de guías penitenciarios. Existe un guía penitenciario por cada 27 Persona Privada de la Libertad (PPL), cuando la media internacional dice que debería ser uno por cada 10 PPL. Asimismo, el abuso de la prisión preventiva y la falta de garantías del “derecho fundamental” de la presunción de inocencia. De la misma manera no se prestó atención a las necesidades básicas de la población carcelaria y además faltó control en la comunicación de los grupos delincuenciales con células externas.

Esto se ve agravado por el desmantelamiento de la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios, lo que no permite contar con personal debidamente capacitados para las delicadas situaciones que se presentan al interior de los CRS. “Debemos preguntarnos si las Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están en capacidad de enfrentar esas problemáticas muy sensibles”, acotó la Asambleísta Marcela Holguín.

Defensoría del Pueblo.

Christian Bahamonde, Director General de Política Pública de la Defensoría del Pueblo, y delegado de esta entidad mencionó que entre el 2009 y el 2019 la población penitencia se triplicó: de 11.279 a 40.096, lo que ha provocado un hacinamiento sobre el 40%.

Identificó que otro de los motivos para la grave situación al interior de los CRS es que durante el año 2017 el uso de la “prisión preventiva”, por parte de los entes de justicia, subió del 30.8% al 69.2% frente al resto de medidas cautelares, lo que aumentó significativamente la población penitenciaria, pero además este fenómeno se agrava cuando los CRS no cuentan con espacios para ubicar en ambientes diferentes a quienes están siendo procesados (o investigados) y quienes ya han sido sentenciados, lo que permite o facilita los hechos de corrupción y de violencia.

En el caso específico del CRS Guayaquil No. 1, o también conocido como La Penitenciaría, el porcentaje de hacinamiento creció del 74.27% (en el 2017) al 82.66% (en el 2018).

En la parte final de su intervención, el representante de la Defensoría del Pueblo concluyó que a más del hacinamiento, los espacios físicos son limitados, existe dificultad al acceso de servicios básicos, a la salud, existe restricción de actividades productivas, educativas, deportivas, lo que provoca incremento de violencia, imposibilidad de separación entre procesados y sentenciados, y las revisiones son invasivas, lo que crea un ambiente favorable a la corrupción, etc.

Pidió que a través del Grupo Parlamentario de DDHH se pida al Gobierno una respuesta expedita y en coordinación con los entes encargados de impartir justicia para la investigación, sanción y reparación por los hechos y denuncias de corrupción, malos tratos y muertes de PPL. En el año 2018, 42 PPL fallecieron de forma violenta y 1 servidor público.

También pidió que se garantice el derecho al vínculo familiar y la dignificación de los procesos de ingreso de familiares que visitan a los PPL, así como el derecho a la información de los detenidos, familiares, ONG´s y medios de comunicación.

Mencionó que es importante que a los GAD municipales se les permita el desarrollo de mecanismos de apoyo o competencias que podrían asumir dentro del sistema de rehabilitación social.

Compromisos.

Tras las intervenciones de los Asambleístas Silvia Salgado, Franklin Samaniego, Carlos Viteri, Amapola Naranjo, Carlos Velín, José Chalá, Gabriela Rivadeneira los compromisos adoptados por el Grupo Parlamentario fueron: convocar a una próxima sesión para continuar con el debate y solicitar la comparecencia del Defensor Público, así también promover una Resolución desde el Grupo Parlamentario para que al interior del Pleno de la Asamblea Nacional se debatan esta problemática.

Doris Solíz, tras agradecer los aportes de la asambleísta, subrayó que el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos tiene como objetivo contribuir a la búsqueda de las soluciones más viables a la crisis que afronta el sistema de rehabilitación social del Ecuador.